Conjunto de cauces determinados a través

de los cuales la Administración debe

canalizar obligatoriamente su actividad

para que pueda ser considerada como

legítima. Su función principal es asegurar la

eficaz satisfacción del interés general

mediante la adopción de las medidas

necesarias por los órganos de la

Administración, que son intérpretes de ese

interés, parte en el procedimiento y árbitro

del mismo.