Mecanismos previstos por la normativa

comunitaria, que permiten hacer frente a

las dificultades que los Estados miembros

puedan encontrar en la ejecución de dicha

normativa. Es preciso que sean dificultades

graves y susceptibles de perdurar en un

sector de la actividad económica.

Solamente en casos de urgencia los

Estados miembros están autorizados para

adoptar tales medidas, y siempre bajo el

control de los órganos comunitarios.